América Latina y el Caribe es considerada la región más violenta del mundo. Pese a que representa solo el 9 % de la población mundial, en esta región se cometen casi jun 30% de los delitos seguidos de homicidio de todo el planeta. En el ranking de las 50 ciudades más inseguras del mundo, 43 pertenecen a América Latina y el Caribe. De los 20 países del mundo con tasas de homicidio más altas, 17 pertenecen a la región. Los crímenes se han incrementado luego de la pandemia, especialmente los delitos relacionados con violencia sexual. En América Latina y el Caribe una de cada tres mujeres ha experimentado o experimentará algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida.
Los problemas de seguridad tienen también su impacto económico: se considera que cada año, América Latina pierde el 3,5% de su PIB por su elevado nivel de inseguridad de todo tipo. También, la elevada vulnerabilidad de la población lleva a que muchos habitantes vean oportunidades en las actividades lideradas por grandes grupos criminales, en particular el narcotráfico.
Para lograr un desarrollo sostenible, la región debe superar varios factores tales como el estancamiento de las clases medias y el aumento de la pobreza como una consecuencia de bajos niveles de crecimiento económico; la erosión de las instituciones democráticas; y el deterioro de los mecanismos de seguridad, entre otros.
El Marco estratégico desarrollado por CAF busca abordar el crimen organizado con una estrategia integral que se enfoque en la represión del delito, pero que también promueva la prevención y la inclusión social como palancas para movilizar el cierre de brechas y el progreso. Es decir, se busca garantizar entornos seguros para el desarrollo sostenible.
El análisis de CAF establece lineamientos conceptuales para guiar las intervenciones de en materia de seguridad, alineándose con tratados internacionales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los esfuerzos de otros organismos multilaterales. Con un enfoque multidimensional y multinivel, el marco propone políticas públicas coordinadas en prevención, desarrollo humano y urbano, y fortalecimiento institucional, colocando al ciudadano en el centro de los esfuerzos. Asimismo, promueve la colaboración entre Estado, sociedad civil y sector privado, así como la cooperación transnacional a través de un trabajo en red que permita comprender las dinámicas de riesgo y desarrollar respuestas efectivas.
