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Financiamiento climático internacional ¿una oportunidad para los gobiernos locales?

Marianela Bianchi

Los análisis publicados en los últimos años por Naciones Unidas, así como por distintos organismos nacionales e internacionales, gubernamentales y académicos, coinciden en algunas premisas fundamentales que destacan la urgencia de abordar los principales desafíos globales actuales.

En primer lugar, existe un reconocimiento generalizado de que se requieren esfuerzos significativos y sostenidos multisectoriales y multinivel para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030, y que la mayor parte de los países enfrentan obstáculos considerables que les impiden cumplir con estos objetivos. La pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, las guerras y conflictos armados en ciertas regiones del planeta provocan fuertes crisis humanitarias y ambientales, poniendo permanentemente en riesgo la seguridad global, lo que atenta aun más el alcance de esos objetivos.

En segundo lugar, el cambio climático se identifica como uno de los retos más apremiantes de nuestro tiempo. Este fenómeno no solo tiene consecuencias ambientales devastadoras, sino que también repercute profundamente en la salud, la economía, la seguridad alimentaria y la estabilidad social. Las comunidades más vulnerables son las que sufren de manera desproporcionada, evidenciando la necesidad de una respuesta integral que contemple no solo la mitigación de sus efectos, sino también políticas de adaptación frente a un futuro incierto y preocupante.

Por último, un tercer consenso es que, para hacer frente a estos grandes desafíos de manera efectiva, resulta imperativo incrementar el financiamiento internacional. Tras la pandemia, las catástrofes naturales, las crisis económicas, la inestabilidad política y la proliferación de conflictos en distintas regiones del planeta, sumado a la enorme carga de deuda externa que soportan los países en desarrollo, entre otros, resulta imperioso instaurar un nuevo modelo de financiación, reformando el actual sistema financiero internacional, promoviendo medidas contundentes para aumentar la inversión en los ODS, movilizando un sistema de financiamiento integrado y coherente.

Esto no solo implica aumentar la cantidad de fondos disponibles, sino también una mejor alineación de estos recursos con las necesidades específicas de los países en desarrollo quienes deben trazar (sin imposiciones) sus propios caminos de desarrollo y crecimiento, integrando los desafíos climáticos y de bajas emisiones de carbono, a sus prioridades de inversiones, obras de infraestructura y de políticas de desarrollo integrado y sostenible.

La movilización de capitales, la transferencia de tecnología y el fortalecimiento de capacidades locales son elementos esenciales que permitirán a los países y las comunidades afrontar los efectos del cambio climático y avanzar hacia la consecución de los ODS.

En este sentido, los Bancos Multilaterales de Desarrollo con sus ochenta años de trayectoria tienen un rol fundamental para promover una acción concertada junto a sus estados soberanos y las organizaciones internacionales para hacer frente a esos desafíos con políticas asertivas, coherentes y coordinadas para que los recursos se destinen de manera eficiente y equitativa en la construcción de un futuro más resiliente y sostenible.

Estos aspectos también han sido reafirmados en el Pacto por el Futuro, aprobado por la Asamblea General de la ONU el pasado mes de septiembre y en la preparación a la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo que se desarrollará en España en 2025, son quizás -¿las últimas?- oportunidades para establecer un cambio de rumbo.

Ante este complejo escenario, la pregunta que surge es ¿qué rol ocupan los gobiernos locales en los principales debates globales? ¿En qué medida sus voces son efectivamente consideradas cuando se discute de desarrollo, acción climática y financiamiento?

Es cierto que las redes regionales e internacionales de gobiernos locales como CGLU, Mercociudades, C40 y, sectoriales, como Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía GCOM, ICLEI, 100 RC, entre otras, de manera coordinada y conjunta están logrando posicionar a los gobiernos locales en la escena internacional demostrando su relevancia como actores claves para el desarrollo y la resiliencia climática, porque todo lo que pasa (y no pasa) tanto en términos de desarrollo como frente a las calamidades climáticas, pasa en las ciudades, y son los gobiernos locales como nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía quienes tienen la primera responsabilidad de atender estas cuestiones trascendentales, incluso con enormes limitaciones de recursos, pero cuya acción (o inacción) tiene consecuencias directas en su territorio y comunidades.

Si bien, es cierto que las autoridades locales han comenzado a tener mayor visibilidad y participación en los debates globales sobre desarrollo sostenible y acción climática, en determinados espacios como, por ejemplo, en las Conferencias de las Partes, aún su participación es limitada en la mayor parte de los foros decisionales internacionales, que son lideradas por los estados nacionales, en desventaja de los gobiernos subnacionales y locales, por lo que aún se necesitan profundos cambios estructurales para garantizar que sus voces sean efectivamente consideradas.

Esto incluye, entre otras cuestiones, mejorar el acceso directo al financiamiento internacional, desarrollar capacidades técnicas y administrativas locales y, continuar fortaleciendo las alianzas globales que apoyen a los gobiernos locales en la implementación de políticas y proyectos alineados con los ODS y el Acuerdo de París. Como así también, promover la creación de instrumentos financieros innovadores como bonos verdes o bonos de impacto social para ciudades, que faciliten la movilización de capital privado hacia proyectos sostenibles en el ámbito local.

En este marco y pese a la innegable insuficiencia de financiamiento internacional para la magnitud y urgencia de los retos actuales y futuros, es importante resaltar la potencialidad de la cooperación descentralizada como una ventana concreta y valiosa de oportunidad para el financiamiento climático y el desarrollo sostenible en las ciudades. Recursos de la cooperación internacional que, bien gestionados y apropiados por los gobiernos locales y la ciudadanía, pueden generar importantes impactos positivos a nivel local, en su capacidad de aportar recursos técnicos y financieros como también de movilizar recursos locales, dinamizar acciones y de promover políticas públicas a nivel territorial, generando sinergias y efectos multiplicadores que van más allá del volumen de aportes financieros y/o económicos que representan.

Un ejemplo concreto del potencial de la cooperación internacional descentralizada como herramienta de financiamiento es el caso de Avellaneda, una localidad de 30.000 habitantes ubicada en el norte de la provincia de Santa Fe. En la última década, la ciudad desarrolló más de una decena de proyectos con financiamiento internacional, alineados con la acción climática y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos proyectos abarcaron áreas como la transición energética y energías renovables, infraestructuras para el desarrollo urbano integrado, gestión integral de residuos sólidos urbanos y economía circular, movilidad urbana sostenible, agregado de valor en la producción agroalimentaria, riego agrícola, turismo sostenible en humedales protegidos, centros de innovación y el fortalecimiento del ecosistema productivo, entre otros. Esta cooperación permitió intercambiar buenas prácticas y replicar soluciones efectivas para abordar retos locales, basándose en experiencias exitosas de otras regiones. Además, facilitó al gobierno local el acceso a importantes financiamientos para proyectos claves, fortaleciendo sus equipos técnicos y políticos, y promoviendo una gobernanza público-privada más sólida. Asimismo, esto contribuyó a alinear recursos y prioridades con el desarrollo de políticas públicas estratégicas de mediano y largo plazo, generando un impacto positivo en el desarrollo sostenible de la ciudad y de la región.

Esta experiencia se presenta como un ejemplo concreto de cómo la cooperación internacional puede contribuir al financiamiento climático y al desarrollo sostenible. No obstante, se subraya la urgente necesidad de crear nuevos mecanismos de financiamiento internacional específicos para los gobiernos locales, que les permitan avanzar en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en la acción climática a nivel local. Esto es crucial, dado que las ciudades generan aproximadamente el 70% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), lo que las convierte en actores clave en la lucha contra el cambio climático.

Por ello, en el marco de las reformas y actualizaciones que la comunidad internacional exige a los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD), destacan la necesidad de mejorar su gobernanza, reducir la burocracia interna y generar nuevos instrumentos financieros que respondan a los desafíos del financiamiento para el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la reducción de la desigualdad y la lucha contra el cambio climático. En este contexto, es crucial también debatir sobre la creación de mecanismos que faciliten el acceso al financiamiento por parte de los gobiernos locales. Establecer oportunidades más transparentes y descentralizadas, reduciendo la burocracia y ofreciendo acceso a recursos técnicos que permitan a los gobiernos locales apropiarse de los instrumentos financieros disponibles, sería una respuesta efectiva para enfrentar los retos de desarrollo, mitigación y adaptación al cambio climático a nivel territorial con impacto global. Esto podría -quizás- marcar un cambio decisivo a la urgencia de alcanzar un planeta más sostenible y equitativo.

* Este trabajo fue elaborado en el marco de la Diplomatura en Gestión del Financiamiento Internacional para el Desarrollo, Observatorio del Financiamiento para el Desarrollo – Escuela de Economía y Negocios UNSAM

** La autora es Licenciada en Ciencia Política (UNR) y Coordinadora de Proyectos y Cooperación Internacional de la Municipalidad de Avellaneda, Provincia de Santa Fe

Bibliografía